Treinta y cuatro medios audiovisuales sacrificados por capricho gubernamental
Caracas, Venezuela
Reporteros sin Fronteras protesta con fuerza contra el cierre masivo de medios audiovisuales privados, oficialmente por “razones administrativas”. Trece emisoras de radio, para un total de treinta y cuatro medios de comunicación cuyo cierre fue decidido por el gobierno, ya han tenido que suspender la emisión de sus programas el 1 de agosto de 2009.
Este cierre masivo de medios de comunicación considerados como opositores, peligroso para el futuro del debate democrático, sólo responde a la voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes, y sólo empeorará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana”, declara Reporteros sin Fronteras.
El día 1 de agosto, el gobierno retiró su concesión de frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y canales de televisión y declaró que 200 más corren el riesgo de conocer la misma suerte.Según el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, esta medida se explica por unas razones técnico-administrativas, al no poder demostrar los propietarios de los medios de comunicación concernidos que eran realmente los titulares de las licencias de difusión.
Esta medida causó movimientos de protesta. “Estamos asistiendo al más importante dispositivo de restricciones con la libertad de expresión jamás establecido en Venezuela, sin precedentes en época de democracia”, declara Carlos Correa, director de la organización de defensa de la libertad de expresión Espacio Público.
El cierre de esos medios de comunicación ocurre justo cuando el gobierno de Hugo Chávez anuncia su voluntad de “democratizar” el sector de los medias. El 30 de julio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que prevé condenar de manera severa a los autores de “delitos mediáticos”. “Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión, declaró. Pido que se ponga un límite a este derecho”. El proyecto de ley prevé en adelante condenas de prisión por unos delitos que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) de 2004 ya sancionaba con multas e interrupción de antena.
Este cierre masivo de medios de comunicación considerados como opositores, peligroso para el futuro del debate democrático, sólo responde a la voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes, y sólo empeorará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana”, declara Reporteros sin Fronteras.
El día 1 de agosto, el gobierno retiró su concesión de frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y canales de televisión y declaró que 200 más corren el riesgo de conocer la misma suerte.Según el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, esta medida se explica por unas razones técnico-administrativas, al no poder demostrar los propietarios de los medios de comunicación concernidos que eran realmente los titulares de las licencias de difusión.
Esta medida causó movimientos de protesta. “Estamos asistiendo al más importante dispositivo de restricciones con la libertad de expresión jamás establecido en Venezuela, sin precedentes en época de democracia”, declara Carlos Correa, director de la organización de defensa de la libertad de expresión Espacio Público.
El cierre de esos medios de comunicación ocurre justo cuando el gobierno de Hugo Chávez anuncia su voluntad de “democratizar” el sector de los medias. El 30 de julio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que prevé condenar de manera severa a los autores de “delitos mediáticos”. “Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión, declaró. Pido que se ponga un límite a este derecho”. El proyecto de ley prevé en adelante condenas de prisión por unos delitos que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) de 2004 ya sancionaba con multas e interrupción de antena.
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